Ni justas, ni libres, ni transparentes
Por: Edmundo González Urrutia
Los resultados de las elecciones regionales del pasado 15 de octubre han vuelto a colocar el caso venezolano en el foco de la atención internacional. Para no pocos gobiernos y organizaciones internacionales se trató de un proceso amañado, plagado de irregularidades, que no cumplió con los estándares mínimos para asegurar que fuesen unas elecciones justas y transparentes, razón por la cual no pueden ser reconocidas.
Así lo dijeron las autoridades francesas al denunciar “las graves irregularidades y la ausencia de transparencia en la verificación…” que afectaron al proceso; al tiempo que desde Canadá el gobierno expresó su preocupación por las violaciones electorales; y el Departamento de Estado condenó la falta de elecciones libres y justas.
En el mismo sentido destacan las reacciones de los doce gobiernos que integran el “Grupo de Lima” quienes expresaron su preocupación por los actos de intimidación y manipulación de un proceso electoral que se caracterizó por la parcialización del órgano electoral, los obstáculos sistemáticos a la participación de los candidatos de la oposición y otras irregularidades que ponen en entredicho los resultados oficiales. Agrega el comunicado que consideran urgente llevar a cabo una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores internacionales.
El Secretario General de la OEA también reiteró las denuncias de irregularidades, la falta de garantías y los abusos cometidos por las autoridades, para concluir que no pueden ser reconocidos los resultados de un proceso electoral fraudulento e ilegítimo, en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia.
Vale recordar que en el acervo institucional del sistema interamericano, el tema electoral ha sido abordado de manera muy clara. Así, la Carta Democrática, el más acabado instrumento para la promoción, fortalecimiento y consolidación de la democracia representativa, establece en el artículo 3 que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, “… la celebración de elecciones periódicas, libres justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo…”
Por su parte, la alternativa democrática venezolana, a través de un comunicado, denuncia que se trató de un proceso fraudulento sin precedentes cuyos resultados serán desconocidos. Allí se detallan las arbitrariedades e irregularidades cometidas por las autoridades electorales antes y durante la jornada electoral y se establecen las exigencias para aclarar y determinar la verdad de lo sucedido.
En efecto, ¿Cómo puede calificarse un proceso en el que se hizo toda clase irregularidades; se impidió la utilización de la tarjeta de la UNIDAD; se imposibilitó la sustitución de candidaturas por las del candidato ganador de las primarias, aun cuando la Ley de Procesos Electorales lo permite hasta 10 días antes de la elección, lo cual afectó cerca de cien mil votos; se reubicaron centros de votación apenas 48 horas antes de la jornada electoral, que afectaron a más de 700 mil votantes; se empleó la violencia para amedrentar a los electores opositores; se acosó a los testigos de la oposición y en algunos casos se les forzó a retirarse del centro de votación?
Más difícil de cuantificar fueron las coacciones y chantajes a funcionarios públicos y beneficiarios de programas sociales que fueron obligados a votar por los candidatos del oficialismo; los centenares de miles de venezolanos que han emigrado del país y que históricamente han votado por los candidatos de la alianza opositora; la llamada “operación morrocoy” para demorar y obstaculizar el proceso; las máquinas dañadas que no fueron reemplazadas o lo hicieron tardíamente, o el abusivo ventajismo en la promoción de los candidatos del gobierno a través del sistema de medios públicos.
Más allá de estas realidades, pocos entienden cómo un gobierno que según las principales mediciones de opinión tiene un rechazo de más del 80%; que ha sometido al país al mayor descalabro económico y social y a la más grave crisis de gobernabilidad de los últimos 50 años, pudo obtener los resultados que proclaman.
Por todo lo anterior, es urgente la designación de nuevas autoridades en el CNE.
Caracas, 18 de octubre de 2017