La rebelión popular de Nicaragua
Por: Edmundo González Urrutia
56 días de protestas, casi 140 muertos, centenares de heridos, desaparecidos y detenidos. Las principales ciudades del país lucen desiertas y muchas de sus calles están bloqueadas con barricadas. Por las tardes comienza un real toque de queda. Saqueos e incendios de comercios. Los grupos paramilitares armados por el régimen se lanzan a la calle en busca de los opositores contra quienes descargan una feroz represión, incluyendo francotiradores, en su empeño por acallar la protesta, generar zozobra e infundir temor en la población indefensa.
El informe preliminar de la CIDH al concluir la visita a Nicaragua del 17 al 21 de mayo, es muy serio y revela con toda crudeza las prácticas represivas y el uso desproporcionado de la fuerza utilizada por el gobierno y sus bandas armadas. Prácticas que incluyen detenciones masivas y arbitrarias, secuestro de estudiantes, ataques a ambulancias, ejecuciones extrajudiciales, incendios provocados contra instalaciones de prensa y otras acciones graves.
Advierte también el informe de la Comisión sobre la respuesta represiva del gobierno que incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en internet, suspensión de transmisiones de algunos canales de televisión como represalia por su cobertura de las protestas, entre otras acciones.
Una de las conclusiones de esta visita fue la constitución de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con capacidad de adelantar una investigación real, creíble e imparcial. Este grupo actuará de manera coordinada con la CIDH y se abocará a investigar todos los hechos de violencia desde el 18 de abril pasado, coadyuvar con las investigaciones, tipificar los delitos, identificar los patrones de violaciones y los ilícitos cometidos a la luz del derecho nacional pero también del internacional, como lo señaló el Secretario Ejecutivo de la CIDH.
Lo cierto es que más del 70% de los nicaragüenses han decido enfrentar al gobierno hasta que se produzca la salida de la pareja presidencial. El clamor popular es que se vayan y la presión aumenta con el llamado a un paro nacional de 24 horas ordenado por estudiantes, campesinos y trabajadores al que se ha sumado el empresariado.
Similar a lo ocurrido con funcionarios del régimen de Maduro, se conoce que los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos están estudiando un proyecto de ley, que se presentaría en fecha muy próxima, para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua señalados de haber estado involucrados en actividades represivas durante las masacres de las últimas semanas, así como en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Frente a todo este cuadro de creciente ingobernabilidad, aunado a la ruptura con el empresariado, Ortega se enfrenta al peor de los escenarios. Ya son inocultables los desmarques de sus antiguos aliados. La presión popular es indetenible, y la intervención internacional ya comienza a hacerse más visible.
Hasta ahora pareciera que Ortega estaría dispuesto a unas elecciones anticipadas para el 2019 pero lo que está en el ambiente, y lo que la gente quiere, es la renuncia cuanto antes para evitar más derramamiento sangre en las calles de Nicaragua.
Caracas, 13 de junio de 2018