Una decisión deplorable
Por: Edmundo González Urrutia
Ayer, durante el 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se eligieron los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización para el período 2020/2022. De los 47 países que lo integran, según los criterios de distribución geográfica, le correspondía a América Latina renovar el mandato de 2 de sus 8 puestos para los que se habían presentado las candidaturas de: Brasil, Costa Rica y Venezuela.
El gobierno de Maduro tiene un récord comprobado como violador sistemático de los valores esenciales del ser humano por lo que es a toda luz inconsistente que un régimen que viola de manera contumaz los derechos humanos, como ha sido constatado no sólo por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, sino por los órganos del sistema interamericano (CIDH), por incontables organizaciones de la sociedad civil y por varios gobiernos de la región, ocupe un asiento en dicho órgano.
Es cierto que como resultado de las prácticas que se manejan en la diplomacia multilateral, ha habido también otros gobiernos dictatoriales que han sido electos como miembros de estas instancias. Citemos tan sólo el caso de Cuba, Nicaragua, Siria, Corea del Norte y la misma Venezuela. Eso forma parte de las realidades del multilateralismo y de la política mundial.
Lo ocurrido ayer no es inédito. Fue por estas debilidades y por la excesiva politización que existía en la anterior Comisión de Derechos Humanos, que el ex Secretario General de la ONU, Koffi Annan propuso algunos cambios, entre otros, la exigencia de las dos terceras partes de los votos para ser elegido miembro de dicha instancia en un intento por impedir que gobiernos dictatoriales y violadores de derechos humanos tuvieran cabida en este importante órgano. Desafortunadamente esta propuesta no prosperó.
Las reacciones de los países democráticos dan cuenta de la desvergüenza de esa elección que se contradice no sólo con los informes de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -los anteriores y el actual presentado por Michele Bachelet-, sino por las reiteradas denuncias que ha recibido el régimen de Maduro en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Un reconocimiento especial habría que hacerle al gobierno de Costa Rica que presentó su candidatura hace pocas semanas y casi iguala el número de votos obtenidos por el régimen quien, por cierto, venía negociando esa candidatura desde hace dos años. Pronto se sabrá cuantos compromisos tuvo que pactar con otros países para asegurase los votos.
A fin de cuentas, es una victoria llena de pena y nada de gloria, como me lo describió un celoso militante de la defensa de los derechos humanos, que no desviará los objetivos y propósitos del Consejo en su obligación por mantener una actitud vigilante ante las violaciones a los derechos humanos y el compromiso con los valores democráticos, la paz y la protección de estos derechos.
Caracas, 18 de octubre 2019