MUJER VENEZOLANA ESENCIAL, TAMBIÉN EN EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA
90% de trabajadoras en sectores de baja productividad no tienen pensión
Urgen políticas públicas para detener la creciente brecha de género en la región y particularmente en Venezuela, agravada por la pandemia de la COVID-19. Esta es una de las conclusiones de los cuatro especialistas nacionales e internacionales que participaron en el Foro “Influencia de la participación de la mujer en la economía del país”, que organizó el IEPFT.
(IEPFT 19/8/2021) En Venezuela, el 90% de trabajadoras en sectores de baja productividad no está afiliada al sistema de pensiones, indica un reciente estudio de la Cepal y ONU. El análisis sobre afiliación realizado en nueve países de la región indica que, junto con Colombia, ocupa el cuarto lugar con mayor porcentaje de mujeres sin el beneficio de protección social. Y también refleja la creciente brecha de género en la economía, que empeora con la pandemia de la COVID-19.
Este fue uno de los datos expuestos en el Foro “Influencia de la participación de la mujer en la economía del país”, que organizó el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT), y en el cual participaron cuatro especialistas nacionales e internacionales, en el tema. Fueron: Alesia Rodríguez, experta en inclusión laboral económica y financiera; el economista mexicano Fernando Solís Soberón; Adicea Castillo, profesora universitaria vinculada a investigaciones de género; y la senadora chilena Carolina Goic, ex candidata presidencial (2017) y experta en temas de participación femenina.
En términos generales, coincidieron en que urgen políticas públicas para detener la creciente brecha de género en la región y particularmente en Venezuela, que se agrava por la pandemia de la COVID-19. También sugirieron la incorporación de mayor cantidad de mujeres en los espacios laborales para favorecer un cambio de visión.
El foro fue presentado por Ramón José Medina, vicepresidente del IEPFT, quien destacó la relevancia de la presencia de la mujer que “se ha ido ganando pulso a pulso su lugar en cada una de las áreas que le ha correspondido actuar. Contó también con la diputada de la AN, Liz Carolina Jaramillo (PJ), quien condujo el evento realizado con la colaboración de la UCAB, la Konrad Adenauer y el apoyo de Universitas Fundación.
Diseñar políticas públicas contra la desigualdad
Rodríguez destacó durante su exposición las marcadas diferencias de género en el mundo, en el acceso al mercado: 55% de mujeres frente a 78% de hombres. En cuanto a las condiciones laborales, varían: la brecha de participación económica y oportunidad es de 42% y en Venezuela es de 32%. “Estamos bien en el tema de la educación pero es muy baja la participación laboral y política de las mujeres”, precisó.
La brecha salarial y de ingresos, esto es, los salarios sumados a todos los otros montos que percibe en su vida laboral, son unas de las más altas: 40% y 50%, respectivamente, lo cual tiene un fuerte impacto en la economía.
Indicó que para entender los efectos de la desigualdad deben considerarse los factores determinantes, como son la educación, la fecundidad, los cambios demográficos, la composición de hogares, y lo rural-urbano, entre otros. “Entender estos determinantes es necesario para poder diseñar políticas públicas a través de un diálogo social entre el Estado, el empresariado y el trabajador, y desentrabar esas barreras que tenemos”.
Entre los resultados de varios estudios empíricos, Rodríguez mencionó que durante el auge económico de América Latina a partir de 2000, se observó una disminución en la participación laboral de la mujer. Y cuando la economía entró en recesión, la participación laboral femenina aumentó. Muchos aspectos inciden, dijo.
También se halló que las brechas entre mujeres aumentaron, al igual que con los hombres, . “Cada vez se están agudizando más las desigualdades entre las mujeres, particularmente por los niveles socioeconómicos.
Sin embargo, puntualizó que desde la llegada de la pandemia en 2020 se frenó la participación laboral de la mujer que ya venía decreciendo, dijo.
Según estimaciones de la OIT, en la COVID-19 implicó una pérdida de horas de trabajo en el mundo de 8.8%, algo equivalente a un recorte de 255 millones de empleados a tiempo completo. No obstante, las más perjudicadas fueron las mujeres: Se perdió 5% porque los sectores que más afectados fueron el turismo y otras industrias donde había una alta participación femenina, aunque con cargos de bajo nivel e informalidad.
Rodríguez sugirió medidas para resolver las desigualdades de género. Mencionó la necesidad de llevar estadísticas diferenciadas sobre las mujeres, una revisión del marco regulatorio de la participación femenina en el mundo laboral. Y también “una visión publico privada, un diálogo social en el que las políticas públicas se armonicen para la inclusión laboral de la mujer en todos los niveles socioeconómicos”.
Desigualdad en las afiliaciones de pensión
Al economista mexicano Fernando Solís Soberón, especialista en seguridad social, pensiones y finanzas internacionales, correspondió abordar la desigualdad de género en el área de las pensiones. Citó datos “prepandémicos” según los cuales solo el 67,6% de la población de América Latina tenía acceso a alguna cobertura de algún beneficio de protección social. Frente a esto, la protección social contributiva de la población ocupada era de 46,5% para 2019.” La percepción es que la pandemia va a empeorar esto”.
Explicó que los sistemas de pensiones se catalogan como sistemas de beneficios definidos o sistemas de contribución definidas o mixtos. “Donde se percibe una mayor brecha de género es con las pensiones definidas en edad avanzada o vejez”.
Pero en ambos casos la brecha de género tiene importantes implicaciones, señaló. En caso de mujeres hay grandes vacíos en la cotización por maternidad u otros factores, a pesar de que las empresas o gobiernos aportan ayudas. Una circunstancia que puede afectar aún más, debido a su mayor expectativa de vida que la del hombre. ”Requerirá más recursos a través de retiro y debe tener recursos para poder financiar eso”.
Al referirse a la población en América Latina, indicó que de las personas de 65 años o más del total, la mayoría son mujeres. Y a pesar de que más de la mitad está ocupada en sectores de baja productividad, el 82,2% no cotiza en ningún sistema de pensiones. Una razón: las mujeres en promedio dedican menos horas de trabajo remunerado que los hombres y casi 52% de las que tienen trabajo formal se desempeñan en sectores en los que se cotiza poco para la vejez.
Estas limitaciones y desigualdades se traducen en una baja afiliación especialmente en Venezuela. Y también en términos de PIB y Bienestar social.
“Esta situación en términos de finanzas públicas significará a futuro que más mujeres dependerán de programas sociales para poder financiar su consumo antes o después de su retiro, y obviamente por la situación en el mercado laboral de cada país hay dificultades porque se requerirá de más recursos”.
Ante esto, consideró indispensable incentivos para mejorar la vida laboral de las mujeres en incorporar las a los sistemas de pensiones contributivas.
Se profundiza el debilitamiento del área laboral en el sector público
Adicea Castillo, directora de Posgrado de FACES de la UCV e investigadora de los temas de género y desarrollo, llamó la atención sobre la “segregación laboral” frente a los hombres, marcada por la COVID-19. “Este es un proceso que viene de largo, ha seguido de largo y pareciera que va a seguir de largo”.
Luego de hacer un recuento histórico de la creciente participación femenina en el mundo, destacó la importante contribución de las mujeres en la familia, la economía y los saberes, en el país, a partir de su formación universitaria desde la década de los 30. Mencionó como ejemplo a la primera médico venezolana Lía Ímber de Coronil y su significativo aporte a la salud de los niños con el Hospital J.M de los Ríos, “hoy sumido en la mayor tragedia venezolana”.
Sin embargo, en la actualidad se observó que lejos de fortalecerse las políticas públicas en materia de género, “es absoluto” el debilitamiento del área laboral en el sector público, al menos en el caso venezolano. “Muchos de los programas iniciados desaparecieron y lamentablemente toda la infraestructura que se había montado en materia de género es cada vez más incapaz de dar resultados de avance para los problemas que las mujeres atraviesan en Venezuela”.
Urgió reforzar las conquistas en otros campos como el de la seguridad social, debido a que la mujer trabaja en sectores más desprotegidos. “Para no hablar del sector universitario que es realmente una vergüenza pública en materia de salarios y pensión”, destacó.
Luego de resentir que no existe data oficial en Venezuela sobre la participación femenina en la educación y el empleo, mostró cifras tomadas de investigaciones de organismos internacionales. El FMI señala que la producción de América Latina y el Caribe podría aumentar 22,5% si desapareciera la brecha laboral entre hombres y mujeres. “Esto es más que el PIB de Argentina, Colombia y Perú combinados”, leyó Castillo.
Y según la CEPAL, antes de la COVID-19, se consideraba que para cerrar la brecha de género global necesitaban 99,5 años. Ahora se necesitarán 135,6 años. En la región, el retraso fue de una década, lograr un mercado equitativo para hombres y mujeres ya no nos tomará 59 años, sino 68,9 años.
Más políticas públicas sin mujeres “malabaristas”
Carolina Goic, de larga trayectoria en el trabajo parlamentario y en materia de género, centró su presentación en motivar reflexiones sobre la participación de la mujer en el campo laboral. Y lo hizo a partir de la experiencia chilena envuelta en la pandemia de la COVID-19 que “ha demostrado la fragilidad de la materia de género y ha ocasionado retrocesos en los avances que nos costó tanto construir”.
“La gran pregunta a reses si estamos dispuestos a seguir con recursos el mismo camino o si vamos a obtener aprendizajes y hacer de la pandemia una oportunidad para hacer cosas distintas”, dijo.
Consideró que la clave es cómo hacer cosas distintas desde la legislación. “Pero no basta con que lo diga una ley para generar cambios y aprovechar el potencial de nuestras mujeres”.
Fundamentó su advertencia con el caso de la Ley de Extensión Posnatal (2011) chilena, que extendió el permiso de tres meses a seis meses para las madres, y también los padres. La participación parental fue de apenas 0,23%. En 2020, de 93.000 permisos posnatal, solamente 197 hombres utilizaron ese beneficio en 2020, se determinó.
“Qué pasa allí? ¿Hay políticas bien pensadas que buscan equilibrar roles y hay resistencia? Obviamente la pandemia nos echa hacia atrás”. Expresó que un desafío para la seguridad social es implantar una economía del cuidado. “Tenemos muchos estudios que muestran que la mujer termina cuidando a sus adultos mayores y ocurre la deserción laboral”
“Esto requiere de distintas acciones y políticas que confluyan. La incorporación de más mujeres en los espacios laborales es la clave para que comience a cambiar la visión”, afirmó Goic.
